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La historia de la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años, ha encendido los focos dentro y fuera de Venezuela. La mujer fue sentenciada a 30 años de prisión, la pena máxima que allá se reserva para delitos gruesos como homicidio o secuestro. ¿La razón? Un audio de WhatsApp en el que criticaba a Nicolás Maduro y llamaba a votar en su contra durante la campaña presidencial de julio de 2024.
Orozco, originaria de San Juan de Colón, en el estado Táchira, envió un mensaje a un grupo vecinal donde atribuyó a Maduro la crisis económica del país y pidió a la comunidad votar en su contra. Ocho días después de las elecciones —que el CNE declaró ganadas por Maduro sin mostrar pruebas— unos policías llegaron a su casa la noche del 5 de agosto.
Le dijeron que “solo querían hablar con ella”. Su familia pasó tres días sin saber dónde estaba, contó su hijo Paul Ruiz.
El audio habría terminado en manos de simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron y hasta la amenazaron con retirarle beneficios básicos como la caja de alimentos o el gas subsidiado. Desde entonces, la doctora está privada de libertad, incluso después de sufrir un infarto.
De acuerdo con testigos del juicio, la jueza Luz Dary Moreno Acosta aseguró que mensajes como el de Orozco “ponen en riesgo la paz del país” y los vinculó a la tensión actual entre Estados Unidos y Venezuela, justo cuando una flota estadounidense —incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford— se encuentra en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Aunque el fallo aún no es público, la Fiscalía venezolana confirmó la condena, pero se negó a comentar el caso.
La jueza ya había rechazado en marzo la petición de que Orozco siguiera el proceso en libertad, alegando riesgos de fuga y posible influencia sobre testigos.
El gobierno, con figuras como Diosdado Cabello, ha reiterado que actuará contra quienes “pidan invasiones extranjeras”, aunque la familia insiste en que la doctora jamás hizo tal llamado.
“Mi mamá nunca salió a quemar cauchos ni a pedir que vengan tropas”, dijo su hijo.
El caso se sustenta en la Ley Constitucional contra el Odio, una norma muy cuestionada por su ambigüedad. Según registros, entre 2021 y 2023 al menos 22 venezolanos fueron detenidos por opiniones expresadas en redes o plataformas digitales. Organizaciones como Espacio Público consideran que esta ley se usa para “silenciar voces críticas”.
Incluso personas que escucharon el audio de Orozco dijeron que era “duro” en algunas partes, lo que habría servido para aplicarle el artículo 20, que contempla hasta 20 años de cárcel solo por incitación al odio. Sin embargo, juristas han cuestionado que su mensaje encaje en esa figura.
El penalista Zair Mundaray explicó que para hablar de incitación debe existir una reacción de odio hacia un grupo específico, algo que —dice— no ocurrió: “Ella solo expresó su molestia y su situación”. Tampoco ve sustento para los delitos de conspiración o traición a la patria.
Desde la CIDH, la relatora Gloria De Mees criticó duramente el caso y aseguró que refleja cómo el sistema judicial venezolano funciona como un mecanismo de represión. Añadió que la Ley contra el Odio “asfixia la libertad de expresión” y provoca autocensura generalizada.
No es el único caso reciente:
— Marcos Palma, de 50 años, fue condenado a 15 años por un audio en el que se quejaba de que no le entregaron una bombona de gas.
— Randal Telles, estudiante de enfermería, también recibió 15 años por un video de TikTok criticando a Maduro y Cabello; su familia asegura que el video fue creado con IA.
El hijo de la doctora Orozco lo resume en una frase dolorosa:
“Con este tipo de sentencias, el gobierno quiere quitarnos hasta el derecho a patalear.”
