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LO ESENCIAL
Integrantes de Verificentros de Veracruz Unidos presentaron una denuncia ante el gobierno estatal el pasado 19 de agosto. Señalan una red de cobros indebidos dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación que afecta a los 135 centros de verificación del estado.
Los concesionarios identifican a Paola Elizabeth López Chávez, directora general de Verificación Vehicular, como la funcionaria que sostuvo reuniones con ellos. En esos encuentros, les advirtió sobre posibles clausuras e informó que Jesús Serrato sería el encargado de contactarlos para definir la operación de los establecimientos.
Según los denunciantes, Serrato comenzó a exigir cuotas mensuales a cambio de permitirles trabajar sin contratiempos. La extorsión escaló: comenzó en 5 mil pesos por establecimiento y llegó hasta 15 mil. Quienes se negaban a pagar enfrentaban la negación de hologramas, engomados y formas valoradas, documentos esenciales para mantener abiertos los negocios.
CONTEXTO
Los empresarios aseguran contar con fichas de depósito, capturas de conversaciones y grabaciones que respaldan sus señalamientos. También tienen registrados los números telefónicos desde los que recibían instrucciones para realizar retiros sin tarjeta o depósitos en tiendas OXXO.
Con una cuota de 15 mil pesos por establecimiento, el esquema representaría poco más de 2 millones de pesos mensuales solo en este sector. Los denunciantes advierten que las revisiones y suspensiones de decenas de verificentros en las últimas semanas forman parte de la presión para obligarlos a pagar.
EN PERSPECTIVA
Un elemento que llama la atención es que Jesús Serrato no aparece vinculado públicamente a ninguna plaza o nombramiento gubernamental que aclare su adscripción o facultades. En contraste, Paola López sí tiene trayectoria en el sector público: formó parte de la Ayudantía del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2019, y posteriormente ocupó cargos en Petróleos Mexicanos de 2021 a 2025, periodo en que Rocío Nahle encabezó la Secretaría de Energía.
La denuncia lleva casi tres semanas en la oficina de la gobernadora sin obtener una respuesta pública. Para los concesionarios, ese silencio protege a los funcionarios señalados. El caso se suma a otros frentes que enfrenta la administración de Nahle en un estado donde la violencia y las extorsiones mantienen una tendencia al alza.
Etiquetas: Veracruz, corrupción, verificación vehicular, extorsión, Rocío Nahle, rendición de cuentas, Nacional · Nota roja / Seguridad
