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LO ESENCIAL
Cuando se escucha la palabra "soberanía", la mayoría piensa en fronteras, petróleo o electricidad. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la soberanía de México se juega en un terreno invisible pero determinante: la Inteligencia Artificial.
Una primera faceta exige que el Estado regule con ley propia a todo proveedor de estas tecnologías, nacional o extranjero, para proteger los derechos de quienes residen en el país. El servicio debería prestarse desde centros de cómputo ubicados en territorio mexicano, lo que facilitaría su supervisión.
Los datos que los proveedores utilicen de los habitantes del país deben permanecer en infraestructura local, sin remitirse al extranjero. Esta medida busca evitar que naciones ajenas cuenten con información estratégica, pública o privada, susceptible de emplearse en campañas políticas desde el exterior.
CONTEXTO
Otra dimensión radica en desarrollar y operar modelos propios o de código abierto, ajustados por talento local y alojados en una Red Nacional de Cómputo Soberano. El objetivo es prevenir que, por conflictos con proveedores del exterior, se interrumpa el acceso a estas herramientas en sectores estratégicos como
Un sistema entrenado con información del país serviría mejor a los usuarios porque incorporaría costumbres, idiosincrasia y patrones culturales propios. Por ello, el Estado debería financiar el entrenamiento inicial de un Gran Modelo de Lenguaje o modelo multimodal nativo, construido con el acervo público, jurídico, histórico y lingüístico nacional.
EN PERSPECTIVA
Las dependencias gubernamentales tomarían esta base para adaptarla a tareas críticas: diagnósticos médicos en el IMSS, análisis de expedientes judiciales o gestión de la red eléctrica. Al tratarse de un modelo abierto y soberano, empresas, PyMES y desarrolladores locales podrían descargarlo, modificarlo y crear herramientas comerciales sin pagar licencias en dólares ni depender de interfaces de proveedores transnacionales.
El proyecto no necesariamente requeriría erogación exclusiva de recursos públicos. Dado su alto costo, debería contemplar esquemas de inversión y proveeduría de carácter público-privado, en una lógica similar a la aplicada en el sector energético.
Etiquetas: Inteligencia Artificial, Soberanía tecnológica, Patricia Armendáriz, México, Regulación digital, Datos personales, Código abierto, IMSS
