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El juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, ha otorgado una suspensión definitiva que bloquea el acceso del gobierno federal a más de 15 mil millones de pesos provenientes de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión prohíbe que las autoridades utilicen estos fondos destinados inicialmente para la población afectada por el huracán Otis en Guerrero.
La suspensión favorece a María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo de la misma entidad. Esta es la primera vez que un juez concede una suspensión definitiva para detener, temporalmente, la eliminación de dichos fondos. No obstante, las autoridades tienen la posibilidad de impugnar la sentencia para que un tribunal colegiado determine si la confirma, modifica o revoca.
En su dictamen, el juez argumentó que las autoridades federales deben renunciar a cancelar o extinguir los fideicomisos, garantizando así su continuación, operación y administración según su propósito original. También ordenó la detención inmediata de la entrega o transferencia de los recursos de los fideicomisos, así como de sus remanentes y aprovechamientos, a cualquier entidad dependiente del Ejecutivo federal o las entidades fiduciarias.
Este fallo asegura que los fideicomisos continúen operando regularmente hasta que se resuelva definitivamente el juicio de amparo. La titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó una suspensión provisional esta semana, congelando temporalmente alrededor de 15 mil millones de pesos de estos instrumentos. La audiencia incidental para decidir sobre la suspensión definitiva está programada para el 14 de noviembre.
