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El juez José Rivas González enfrenta cargos penales por modificar la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario para el exprocurador general de la República (2012-2015) y exgobernador de Hidalgo (1993-1999), Jesús “N”. Este último está acusado de delitos como tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en relación con el caso de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido en 2014 cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron.
La información fue revelada durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, en el marco del programa “Cero Impunidad” en el periodo del 17 de octubre al 13 de noviembre, por el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio.
Según el relato de los acontecimientos por parte del ahora imputado, el pasado 2 de noviembre, día feriado y puente vacacional, se encontraba de guardia en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Se señala que, al sustituir al juez titular de la causa, en una audiencia de medidas cautelares, “modificó” la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario, alegando cuestiones de salud en favor del exprocurador Jesús “N”.
La determinación del juez José Rivas constituye una violación al debido proceso legal, aprovechando el sistema de turnos en los juzgados; fijó un plazo de dos horas y media para la celebración de la audiencia de revisión de medidas, omitiendo el análisis del alto riesgo procesal de sustracción presentado por el CENAPI-FGR, así como la situación de salud del procesado, que es estable, según informó el funcionario federal que proporcionó el resumen de Cero Impunidad.
Se destaca que esto “no exime” a Jesús “N” de su probable responsabilidad penal, ya que permanecerá en detención preventiva justificada por tortura y desaparición forzada en otra investigación en el Reclusorio Sur.
