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Un fallo judicial emitido recientemente ha dictaminado que el gobierno federal debe indemnizar a los propietarios de tierras en Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, que quedaron afectadas en la llamada “zona de conflicto” después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. El presidente del consejo de vigilancia de la asociación civil Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, Raymundo Augusto García Álvarez, reveló la noticia y destacó que la sentencia insta a las autoridades a abordar la situación y compensar las pérdidas sufridas por los afectados.
Según el fallo, las autoridades federales y estatales fueron señaladas como omisas, y el desplazamiento interno forzado de los propietarios ha continuado durante casi tres décadas, sin respaldo legal ni reconocimiento de sus derechos. La resolución del juez establece que es responsabilidad del gobierno resolver el problema y compensar justamente a los afectados por las pérdidas en propiedades, maquinaria y ganado.
García Álvarez subrayó que, tras 29 años de espera, cientos de propietarios desplazados aguardan la ejecución de la sentencia. Hizo un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles para que cumplan con la orden judicial, formen una comisión para abordar la situación y aseguren la pronta indemnización de los afectados. Enfatizó que no pueden seguir en el abandono, y es hora de que el gobierno federal y estatal cumpla con su deber.
Este fallo judicial marca un hito para aquellos que han sufrido las consecuencias del conflicto y establece un precedente para la búsqueda de justicia y reparación en casos similares. Los propietarios desplazados esperan que esta orden judicial sea cumplida de inmediato, poniendo fin a décadas de lucha por sus derechos y compensación.
