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En un preocupante escenario, la Secretaría de Salud del estado informó que en los primeros diez meses de 2023 se han registrado 67 casos de desnutrición severa en bebés y niños menores de cinco años en la Sierra Tarahumara. De este alarmante número, 16 niños perdieron la vida, y seis permanecen hospitalizados, según el titular de la dependencia, Gilberto Baeza Mendoza.
El funcionario detalló que dos de los niños hospitalizados son originarios de Guadalupe y Calvo, mientras que los otros cuatro están en el Hospital Infantil de Especialidades en la capital del estado, provenientes de comunidades indígenas de Guachochi y Témoris, municipio de Urique.
Baeza Mendoza destacó que el 33% de los casos se detectaron en Guadalupe y Calvo, el 50% en Guachochi, y el 17% en Témoris. La situación ha llevado a un aumento del 83% en las brigadas especiales para trasladar a los menores desde las áreas rurales a los hospitales, y se han incrementado las consultas médicas a niños indígenas en los 19 municipios de la Tarahumara.
El programa Juntos por la Salud de Mujeres Embarazadas, Niñas y Niños Menores de seis años ha sido fundamental en la detección de estos casos. Baeza Mendoza anunció que se trabaja en un censo actualizado para conocer la cantidad de niños en cada localidad serrana y obtener información sobre su estado de salud.
La complejidad para abordar este problema radica en la geografía del territorio serrano, según el funcionario. A pesar de contar con 64 unidades médicas móviles, la difícil accesibilidad de algunas áreas presenta un desafío significativo. Se implementó un equipo de respuesta rápida y se aplicó el Código Infante para coordinar la detección, manejo y traslado oportuno de los niños con desnutrición.
La Secretaría de Salud estatal distribuyó cintas para medir la circunferencia del brazo y detectar la desnutrición en las regiones serranas, además de capacitar a docentes para utilizarlas. El objetivo es prevenir y revertir la desnutrición, asegurando atención médica oportuna.
En respuesta a esta emergencia, se han tomado medidas como la contratación de personal adicional y la reapertura de centros de recuperación nutricional y albergues. El DIF estatal ha desempeñado un papel crucial en la distribución de alimentos y apoyo a las familias afectadas. A pesar de estos esfuerzos, la magnitud del problema destaca la necesidad de acciones más amplias y sostenibles para abordar la crisis nutricional en la región.
