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La noche del martes, la policía de la Ciudad de México detuvo al reconocido analista político Alfredo Jalife-Rahme, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por Tatiana Clouthier, ex secretaria de Economía. Clouthier acusa a Jalife-Rahme de calumnias y difamación, alegando que a través de videos en YouTube, el analista lanzó comentarios ofensivos.
El arresto se llevó a cabo fuera del domicilio de Jalife-Rahme y fue ejecutado en colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, estado donde se radicó la querella. El analista fue trasladado a Monterrey y deberá comparecer ante un juez de control para definir su situación jurídica.
La denuncia, presentada en diciembre de 2022, sostiene que Jalife-Rahme difamó a Clouthier en videos de agosto y septiembre de ese año, publicados en YouTube. Tatiana Clouthier afirmó que el analista la ha acusado de entregar el litio, favorecer el fracking y difamar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nuevo León es uno de los estados donde el delito de difamación se persigue penalmente. Según el artículo 345 del Código Penal de la entidad, la difamación puede ser castigada con seis meses a tres años de prisión o multa.
En medio de la controversia, la fiscalía de la Ciudad de México negó censura y afirmó que solo colaboró en el cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por las autoridades de Nuevo León. Tatiana Clouthier manifestó en redes sociales que ha tomado decisiones apegadas a derecho y que deja en manos de la justicia las decisiones pertinentes.
La detención de Jalife-Rahme generó amplio debate en las redes sociales, avivando la discusión sobre la libertad de expresión y los límites legales en el ejercicio periodístico y de análisis político.
