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La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrenta una profunda crisis, ya que tres de los cinco magistrados que la componen han roto con el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, exigiendo su renuncia inmediata. Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes le han expresado a Rodríguez que han perdido la confianza en su liderazgo y gobernabilidad.
La situación recuerda a la crisis previa en agosto de 2021, cuando se presionó a José Luis Vargas a renunciar a la presidencia. En esta ocasión, la embestida está dirigida contra Rodríguez, quien se resistía a dejar el cargo, ocupado tras la caída de uno de sus colegas.
La ruptura se hizo pública cuando los tres magistrados opositores no asistieron al informe de labores de Rodríguez y, en su lugar, publicaron una foto en un restaurante. Aunque inicialmente se guardaban las formas, la situación se agravó, y los tres magistrados exigieron la renuncia de Rodríguez debido a supuestas diferencias en la conducción administrativa, como la introducción de despachos privados en la vida del tribunal. La gota que colmó el vaso fue la solicitud de Rodríguez de la intervención de la Suprema Corte de Justicia para resolver la crisis.
En una sesión pública, los tres magistrados pidieron la renuncia de Rodríguez, quien solicitó más tiempo para responder. Ante la negativa, convocó a una sesión pública para el lunes 11 de diciembre. Los magistrados opositores expresaron su descontento y solicitaron un receso, durante el cual Rodríguez se retiró, lo que fue interpretado como una huida.
En la posterior sesión de purga, Rodríguez Mondragón advirtió que la discordia no puede ser la herencia de la actual integración del tribunal y que no puede debilitarse una institución fundamental para la democracia mexicana. Los tres magistrados opositores expresaron sus razones para exigir la renuncia, acusando a Rodríguez de falta de capacidad para liderar el tribunal y generar unidad.
La crisis en el TEPJF se desarrolla en un momento crucial, ya que la sala superior deberá calificar la elección presidencial en septiembre próximo. La situación pone en riesgo la estabilidad y la certeza en la administración de la justicia electoral en México.
