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En el seno de Morena, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial generó opiniones divergentes entre destacadas senadoras del partido oficial. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, expresó su respaldo a la iniciativa, destacando que la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular es una demanda antigua del pueblo que clama por una justicia eficaz. Consideró que el Congreso debe buscar un método que refleje la voluntad de la sociedad, sin dejar de lado la capacidad técnica y jurídica de quienes desempeñarán roles judiciales.
En cambio, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, se mostró en desacuerdo con la propuesta presidencial. Aunque reconoció la importancia de debatir y transformar instituciones, manifestó que personalmente no comparte la idea de elegir a los jueces a través de elecciones, defendiendo el diseño constitucional actual que otorga al presidente la facultad de proponer ministros, posteriormente designados por el Senado.
Desde la oposición, senadores advirtieron sobre la falta de viabilidad de la reforma propuesta. Miguel Ángel Osorio Chong, ex priísta y ex secretario de Gobernación, consideró la propuesta como mediática y poco factible, ya que Morena carece de mayoría en ambas cámaras del Congreso. Aseguró que en un periodo electoral tan crucial, la iniciativa no tiene posibilidad de ser aprobada.
La senadora Rivera subrayó la importancia de analizar la propuesta en un marco de parlamento abierto, buscando consensos para hacerla viable. Por su parte, Sánchez Cordero señaló que la reforma judicial debería centrarse en fortalecer la carrera judicial, capacitar a jueces y magistrados, y modificar la Ley de Amparo para garantizar resoluciones de fondo.
En una postura contraria dentro de Morena, el coordinador del partido, Miguel Ángel Mancera, rechazó la idea de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular. Argumentó que se trata de servidores públicos con habilidades especializadas en el ámbito jurídico y calificó la propuesta como una reforma mediática y electoralista destinada a debilitar al Poder Judicial.
