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En medio de un inquietante aumento de la violencia, la comunidad trans mexicana se encuentra en el epicentro, con México ubicándose como el segundo país con más asesinatos por odio en América Latina.
En la vanguardia del transfeminicidio, México figura como el segundo país con las tasas más altas en América Latina, siguiendo de cerca a Brasil. Un número significativo de estos casos permanecen sin resolver. A pesar de esta cruda realidad, las personas transgénero han avanzado tanto en el ámbito legal como en el social, asegurando el reconocimiento de sus derechos.
Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, una mujer transgénero de 46 años, es la Directora Ejecutiva de la Casa de las Muñecas Tiresias A.C, una organización comprometida con el apoyo a personas en situación de calle, individuos con VIH, trabajadoras sexuales, migrantes, y brinda asistencia en casos de transfeminicidio, entre otros.
Su vida dio un giro drástico el 30 de septiembre de 2016, cuando fue testigo del asesinato de su amiga Paola Buenrostro. Mientras trabajaban en la avenida Puente de Alvarado en Cuauhtémoc, Paola y otras mujeres fueron abordadas por un hombre que buscaba servicios sexuales. La mayoría declinó, pero Paola accedió a subirse al auto. Casi de inmediato, Kenya escuchó gritos de auxilio y su nombre. Corrió hacia el auto y presenció tres disparos contra Paola. Kenya grabó un video, informando a la Fiscalía que su material podría ser una prueba crucial, ya que capturaba al perpetrador con su amiga fallecida. Lamentablemente, su video no se consideró como prueba, y tampoco se le reconoció como testigo, dejando al asesino en libertad.
Recién en 2019, las autoridades clasificaron legalmente el caso de Paola como un transfeminicidio. Tres años después del incidente, Kenya reflexiona sobre si ha habido avances en la concientización y la exigencia de sus derechos. La muerte de Paola desató una ola de indignación, solidaridad y empatía sin precedentes de la sociedad mexicana hacia la población trans. Sin embargo, Kenya insiste en que la deuda histórica de marginación y exclusión aún persiste.
Según Letra S, una organización centrada en analizar el aumento de la violencia contra la población trans dentro del espectro LGBT+, México, solo superado por Brasil, ocupa la desfavorable posición de ser el segundo país más letal contra estas comunidades en América Latina. El estudio de Letra S, que abarca los seis años del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto (2012-2018), documentó 473 crímenes de odio, de los cuales 261 iban dirigidos a mujeres trans.
Desglosando las cifras por estado, Veracruz lidera con 41 transfeminicidios, seguido de Tamaulipas con 35, y Puebla y la Ciudad de México con 19 casos cada uno. La mayoría de estas víctimas son trabajadoras sexuales trans, las más vulnerables a la agresión, con patrones de violencia directamente vinculados a sus identidades sexual y de género.
Desde la fundación de la Casa de las Muñecas Tiresias, nombrada así en honor al vidente de la mitología griega que podía encarnar tanto lo masculino como lo femenino, han documentado extensamente la impunidad institucional y la transfobia.
Los activistas enfatizan los esfuerzos continuos para desarrollar herramientas que aseguren que los consejos locales de igualdad y no discriminación tengan medidas vinculantes, ya que actualmente suelen proporcionar solo recomendaciones.
Históricamente, México tiene una deuda significativa con la comunidad transgénero, sometida a la violencia y empujada a los márgenes de la precariedad social. No solo enfrentan un espectro de violencia en su identidad, sino que también existe una complicidad social en la normalización que permite cuestionamientos desde su presencia en espacios públicos hasta su existencia en ámbitos privados.
