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Este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha retenido una suma significativa de 8.2 millones de pesos originalmente destinados a los sueldos de tres comisionados aún por designar por el Senado de la República.
La acumulación de este monto será canalizada para el pago del arrendamiento del edificio sede, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 3211, alcaldía Coyoacán, confirmó el Inai bajo la dirección de Adrián Alcalá Méndez. Según el propio organismo, el costo anual de arrendamiento asciende a 6.2 millones de pesos.
Una porción restante de estos fondos será asignada a un proceso judicial laboral que la entidad autónoma enfrenta desde el año 2015. Ambos desembolsos serán sometidos a auditorías y transparentados, aseguró el Instituto.
Esta medida busca contrarrestar la reducción presupuestaria de 71 millones de pesos solicitada a la Cámara de Diputados para el año 2024, otorgando al Inai un presupuesto de mil 97 millones de pesos para dicho periodo.
El Inai ha permanecido incompleto durante 269 días, y la falta de acuerdo en el Senado ha dejado a la institución sin sesionar durante 140 días. Para superar esta situación, el Instituto recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitiéndole sesionar con cuatro de sus siete integrantes a partir del 23 de agosto de 2023 para abordar más de ocho mil recursos de revisión acumulados.
Según el Portal de Transparencia del Inai, los comisionados perciben un sueldo bruto mensual de 156 mil 85 pesos, además de prestaciones. Desde la salida de Óscar Guerra Ford y Rosendo Monterrey en marzo de 2022, el órgano no ha asignado el presupuesto destinado para los salarios de estas dos vacantes durante 19 meses.
Considerando también el sueldo de Francisco Javier Acuña, cuyo mandato concluyó el 31 de marzo de este año sin reemplazo designado por el Senado, el Inai no ha utilizado los fondos presupuestados para la remuneración correspondiente.
“En 2023, el Inai ha logrado ahorrar 8.2 millones de pesos destinados originalmente al pago de sueldos de comisionados pendientes de designación por parte del Senado de la República”.
La ausencia de comisionados este año también ha impactado en el número de resoluciones del pleno del Instituto. Mientras que en 2022 se atendieron 844 denuncias, con solo dos sanciones emitidas por los Órganos Internos de Control, este año se han atendido 75 denuncias que aún están en trámite.
“En el manejo de los recursos públicos, el Inai se ha conducido con estricto apego a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, emitida por el Ejecutivo Federal, así como de las Leyes General y Federal de Transparencia. Todos sus gastos están sujetos al escrutinio público”, subrayó el órgano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su intención de extinguir el Inai al final de su mandato en septiembre de 2024, junto con otras instituciones, argumentando su ostentación y supuesta falta de utilidad.
Similitudes en el TEPJF: Vacantes no cubiertas y crisis de gobernabilidad
En un contexto similar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también enfrenta la falta de designación para las vacantes de magistrados desde octubre pasado. Los siete magistrados que conforman la cúpula del Tribunal, encargado de resolver conflictos en materia electoral, representan un gasto mensual para el erario de dos millones de pesos.
Estas vacantes han generado una reducción de gastos por 588 mil pesos en el último mes, sumado a los montos previstos para seguros de vida, gastos médicos mayores, gratificaciones por días festivos y apoyos en caso de fallecimiento, según el manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2023.
Hace una semana, el viernes 15 de diciembre, la magistrada Mónica Aralí Soto fue elegida como presidenta del TEPJF, asumiendo funciones el 1 de enero de 2024. Esta elección ocurrió en medio de una crisis de gobernabilidad en el Tribunal, donde tres de los cinco magistrados de la Sala Superior solicitaron la renuncia del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, alegando falta de liderazgo y pérdida de confianza.
Esta crisis se desarrolla a menos de seis meses de las elecciones en las que se disputarán más de 20 mil puestos en el país, incluida la Presidencia de la República. Entre los contendientes se encuentran la morenista Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, por el Frente Amplio por México (FAM).
