En una decisión relámpago, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó la expulsión de las diputadas locales Mónica Fernández y Wesly Jiménez. El motivo detrás de esta medida fue su voto a favor de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció la solicitud de expulsión apenas unas horas después de la sesión del Congreso capitalino en la que la ratificación fue rechazada con votos de la oposición. La petición fue rápidamente respaldada por el consejo del partido en una sesión extraordinaria celebrada 48 horas después.
Al revelar los acuerdos, Moreno Cárdenas subrayó que en el PRI no se tolera la disidencia y recordó que la Comisión Política Permanente había instruido a los legisladores priístas a votar en contra de la ratificación.
El líder partidario enfatizó que lo que se requería era un respaldo unánime y acusó a las diputadas de darle la espalda a la Ciudad de México y a su propio partido, calificando la situación como una traición a los ciudadanos. Insistió en que fueron objeto de una campaña de persecución política y denunció semanas de acoso, espionaje e intimidación.
Con la expulsión, las dos diputadas permanecerán como independientes en el Congreso de la Ciudad de México. Tendrán la opción de mantener esa condición o unirse a alguna de las cuatro asociaciones parlamentarias, tres de las cuales son afines a Morena. La salida de Mónica Fernández también dejará vacante la vicecoordinación del PRI en el Congreso.
Esta decisión acelerada ha desatado polémica y cuestionamientos sobre la tolerancia interna del PRI y su manejo de la diversidad de opiniones dentro del partido. La expulsión de legisladores por votos disidentes plantea preguntas sobre la democracia interna y la cohesión en la fuerza política. La polémica podría afectar la imagen del PRI ante la opinión pública y generar tensiones internas en el futuro cercano.