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Por disposición de las autoridades estatales, la empresa encargada del desarrollo habitacional Andalucía se ve forzada a paralizar sus labores.
Valentín Chávez Miranda, miembro activo del Frente Ciudadano por un Tizayuca con Dignidad AC, evaluó los avances en el litigio contra los gobiernos de Tolcayuca y Tizayuca por la disputa de límites municipales. Esta medida surge como respuesta a la orden del gobierno estatal actual de detener toda aprobación para la construcción de viviendas en la franja que el ayuntamiento de Tolcayuca se autoatribuyó. La constructora Cesvi y los compradores de más de 600 casas desembolsaron alrededor de 200 millones de pesos por diversos permisos, derechos y contribuciones a dicha alcaldía.
El área en cuestión, conocida como Olmos, alberga el desarrollo residencial Andalucía, donde la primera fase está en Tizayuca y la segunda fase, con dos mil 200 casas, se ubica en Tolcayuca. Esta situación generó que en abril de 2021 un grupo de habitantes, actualmente miembros del Frente, presentaran una demanda civil. En enero de 2022, también interpusieron una denuncia en la Fiscalía anticorrupción contra la alcaldesa Susana Araceli Ángeles Quezada, acusándola de omisión en la suspensión de la obra inmobiliaria.
En agosto pasado, se dirigieron al Palacio de Gobierno en Pachuca, entregando un expediente y un comunicado sobre el conflicto limítrofe, respaldado por dos mil 414 firmas de tizayuquenses. La petición era dirigida al gobernador Julio Menchaca Salazar, ante la falta de respuesta y diálogo por parte de la presidenta municipal afiliada a Morena. Estos documentos fueron entregados en el despacho del mandatario estatal.
Valentín Chávez destacó que, como consecuencia de estas acciones, en noviembre pasado, el secretario técnico del despacho del gobernador les comunicó que, al conocer su solicitud y pruebas jurídicas, se había ordenado a diversas instancias suspender cualquier autorización de trabajos en el fraccionamiento Andalucía. A pesar de haber obtenido dos suspensiones por parte de un juez del Tribunal Superior de Justicia, las cuales no se habían notificado a la constructora Cesvi para detener la obra de la tercera etapa, consistente en cinco mil viviendas adicionales.
Chávez resaltó que, aunque no hay avances significativos en la Fiscalía estatal anticorrupción, consideran que la decisión de frenar los permisos estatales a la empresa inmobiliaria representa un paso adelante en este caso.
Adicionalmente, señaló que al detener el progreso de Cesvi, se ha puesto freno al avance del ayuntamiento de Tizayuca, mientras que Tolcayuca ha obtenido alrededor de 200 millones de pesos por la construcción de la segunda fase de viviendas, fondos que eventualmente deberán ser retribuidos si se confirma que el territorio pertenece a Tizayuca. Valentín Chávez considera que esta decisión del gobernador indica que se ha reconocido la comisión de un acto indebido avalado por los alcaldes de ambos municipios.
En respuesta a estas acciones, Araceli Ángeles y el síndico jurídico presentaron un recurso legal en el Registro Público de la Propiedad para anular lo permitido a Tolcayuca y Cesvi, específicamente la segunda fase de la unidad habitacional.
