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Un nuevo testimonio de un empresario ha expuesto una red de protección a empresas constructoras, gestionada por funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. La denuncia revela prácticas corruptas llevadas a cabo por exdirectores de Jurídico y Gobierno, como Luis Vizcaíno, quien ya ha sido sentenciado y vinculado a proceso, y Víctor Manuel Mendoza, prófugo de la justicia, exdirector de Desarrollo y Planeación.
La Fiscalía General de Justicia emitió una orden de aprehensión contra César N, responsable de la ventanilla única, tras las declaraciones del desarrollador que, bajo un criterio de oportunidad, buscó que se extinga la acción penal en su contra. La investigación también se dirige a Alfonso N, expresidente de Planeación y Desarrollo, y a Alejandro N, antiguo coordinador de la ventanilla única.
Ulises Lara López, coordinador general de Investigación Territorial y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, explicó que este modus operandi se ha identificado desde 2015 y ha sido recurrente en al menos tres administraciones. Consiste en solicitar apoyos económicos y en especie como protección para evitar contratiempos y multas en desarrollos inmobiliarios.
El empresario, acudiendo al esquema de protección, relató que se le pidieron 200 mil pesos para la campaña de Christian N, actualmente detenido. La suspensión de una obra en la colonia Narvarte llevó al empresario a contactar a Vizcaíno, quien solicitó una gratificación de 150 mil pesos.
En 2015, debido a una sanción económica por una obra en la colonia Del Valle, el empresario entregó 250 mil pesos. Posteriormente, Vizcaíno buscó al empresario en 2016 para hablar sobre su intención de asociarse, firmando un contrato para edificar un inmueble en la colonia San José Insurgentes con un piso adicional no autorizado.
La protección de obras en otras colonias significó pagos de 1.8 millones de pesos y 850 mil pesos. Víctor Manuel Mendoza, hermano del legislador federal panista Luis Mendoza, según la acusación, explicaba a los constructores que no tenían opción y debían participar en estas prácticas corruptas, independientemente de las recomendaciones o del estado de la obra. La tarifa variaba según el incumplimiento de normativas, lo que conllevaba inspecciones y procesos de protección civil que generaban retrasos y pérdidas económicas para el proyecto.
