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Ante la propuesta legislativa de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, las maquiladoras, responsables de las manufacturas de exportación hacia Estados Unidos, enfrentan un escenario complejo. La medida implicaría que estas empresas necesitarían contratar a 600,000 trabajadores adicionales, aumentando su personal en un 20% y generando un aumento correspondiente en los costos laborales y otros gastos asociados.
Thor Salayandía Lara, vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), advirtió que tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes, parte de la cadena de suministro, no están preparadas financieramente para afrontar este cambio. Expresó preocupación sobre la falta de preparación de las empresas y señaló que la propuesta debería implementarse de manera gradual, considerando la productividad como un factor clave.
Salayandía Lara resaltó las diferencias en la productividad entre México y otros países, subrayando que México tiene una productividad de 20 dólares por hora, en comparación con países como Noruega, que produce 150 dólares por hora. Destacó la falta de estímulos para la economía mexicana y advirtió que la propuesta podría provocar inflación al inyectar dinero adicional en la economía, lo que llevaría a un aumento de precios por parte de las empresas.
A pesar de que la propuesta de reducción de la jornada laboral generó un amplio debate en el país, actualmente se encuentra detenida en la Cámara de los Diputados después de que no se llegara a un acuerdo a finales de 2023. Jesús Alberto Zarazúa Perea, director del despacho CL Laboral, sugirió que la propuesta podría avanzar en los próximos meses, pero advirtió sobre posibles complicaciones en la zona fronteriza, donde el desempleo es bajo y las maquiladoras enfrentarán dificultades para encontrar más personal.
Zarazúa destacó la necesidad de reformas vinculadas a políticas públicas y privadas que impulsen la productividad, así como un diálogo entre patrones y trabajadores para mitigar el impacto en las empresas. También instó al Gobierno federal a diseñar incentivos que faciliten la transición, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En última instancia, la iniciativa plantea desafíos significativos que requieren un enfoque cuidadoso y considerado para garantizar la sostenibilidad y el éxito en la implementación.
