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El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea una nueva ola de austeridad republicana para respaldar el financiamiento del innovador plan de pensiones. El gobierno buscará obtener los recursos necesarios mediante medidas de ahorro y, al mismo tiempo, considera redirigir mil millones de pesos asignados al INAI y otros organismos autónomos hacia este fondo de pensiones, marcando un cambio en las prioridades presupuestarias.
En una conferencia, el presidente proporcionó detalles adicionales sobre las reformas constitucionales que enviará al Congreso el 5 de febrero. López Obrador expresó su desacuerdo con los altos costos asociados con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sugirió que esos recursos podrían contribuir significativamente al fondo de pensiones.
Entre las reformas propuestas, se abordará la injusticia percibida en el régimen de pensiones establecido en 1997 por el expresidente Ernesto Zedillo. Se proyecta una iniciativa para que el gobierno aporte gradualmente al fondo de pensiones, aliviando la carga tanto a trabajadores como a empleadores. Aunque el cambio se espera que tarde años en normalizarse, López Obrador asegura que esta es una medida necesaria para corregir la inequidad previa.
El presidente subrayó que esta propuesta no afectará las pensiones actuales para adultos mayores y afirmó que la aportación gubernamental comenzará este año si se aprueba la iniciativa. López Obrador descartó las acusaciones de que el gobierno intenta apropiarse de los ahorros de los trabajadores, destacando su compromiso contra la corrupción y el robo.
La visión del presidente es que, con un enfoque más austero, es factible financiar esta reforma, evocando prácticas anteriores a la política neoliberal. La propuesta refleja su intento de garantizar una distribución más justa y completa de los sueldos de los trabajadores al llegar a la jubilación.
