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La privatización de los servicios de agua, drenaje y saneamiento en estados como Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco ha desencadenado consecuencias negativas, generando un malestar social palpable. En regiones como Quintana Roo y Puebla, las compañías encargadas, Aguakán y Concesiones Integrales, respectivamente, enfrentan críticas por abusos y deficiente servicio, elevando las tarifas y afectando la disponibilidad del vital líquido.
La promesa de eficiencia y sostenibilidad en el uso del agua, ligada a su privatización, no se ha cumplido, dejando a los usuarios con la carga de costosas tarifas y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a pipas para suplir la carestía del recurso. Este escenario afecta especialmente a sectores de bajos recursos, exacerbando la problemática de la escasez.
El déficit de agua que afecta a millones de mexicanos contrasta con la realidad de concesiones otorgadas a particulares, empresas inmobiliarias, mineras, refresqueras y grandes productores, quienes acaparan este recurso natural. Este enfoque comercial del agua va en detrimento de su condición de bien común, según denuncian los defensores del medio ambiente.
Los cuerpos de agua, como lagos, lagunas, ríos y acuíferos, enfrentan niveles mínimos históricos, anticipando una situación crítica para el próximo año con la previsión de una de las sequías más intensas de los últimos tiempos, según expertos.
Es relevante destacar que, desde 2013, la aprobación pendiente en el Congreso de la Unión de la Ley General de Aguas, destinada a garantizar el derecho humano al líquido según lo establecido en el artículo 4 de la Constitución, añade una capa adicional de complejidad a esta problemática.
