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En Argentina, un masivo despliegue policial se convirtió en una violenta represión durante una marcha en rechazo al intento del gobierno de aprobar un decreto de necesidad y urgencia y una ley ómnibus. Las fuerzas de seguridad, incluyendo Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, fueron enviadas para reprimir a las organizaciones sociales y grupos de izquierda que participaban en la manifestación. A pesar de la presión, los manifestantes se mantuvieron en la Plaza del Congreso, y la situación se agravó con la intervención de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gas lacrimógeno y golpearon a algunos manifestantes.
El abogado y dirigente Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, convocó a un cacerolazo en repudio a la represión y al operativo de seguridad montado por el gobierno. La presencia policial se consideró excesiva y desproporcionada para una manifestación pacífica.
En el Congreso, el debate sobre el decreto de necesidad y urgencia y la ley ómnibus también estuvo marcado por la tensión. Simpatizantes del gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei provocaron incidentes dentro del recinto, lo que llevó a la expulsión de uno de ellos, el empresario Tomás Agote. Además, se denunció la presencia en la sala de un miembro del grupo neonazi Revolución Federal.
El gobierno logró el quorum para volver al debate en el Congreso, pero la falta de claridad en el texto de la ley y las acusaciones de amenazas a diputados generaron preocupación entre varios sectores. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió las medidas de Milei en medio de la crisis económica y autorizó un desembolso de casi 4,700 millones de dólares para apoyar al gobierno en la búsqueda de estabilidad económica.
La situación política en Argentina sigue siendo tensa, con manifestantes en las calles y un debate legislativo en curso que podría tener un impacto significativo en la dirección futura del país.
