En un movimiento trascendental, el gobierno de Nuevo León ha trasladado la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia del estado, siguiendo el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por disposición del gobernador Samuel García Sepúlveda, se ha emitido un decreto publicado en el Periódico Oficial de Nuevo León, que efectúa esta transferencia, reforzando así el entramado de justicia en la región.
El decreto reforma varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado, incorporando la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera como parte integral de la Fiscalía General.
Esta medida, aunque obediente al mandato judicial, ha generado debate y expectativa en el ámbito legislativo, como lo refleja la opinión del diputado Eduardo Gaona, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal.
Gaona señala que aunque se cumple con la formalidad del mandato de la Corte, aún queda pendiente la cuestión sustantiva: la transferencia efectiva de la información generada por la UIFE, la cual considera un aspecto crucial.
A pesar de la incertidumbre sobre cómo procederá la Fiscalía, el decreto especifica las funciones de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, otorgándole competencia para investigar casos de enriquecimiento injustificado y delitos financieros.
Entre las atribuciones de esta fiscalía se encuentran la solicitud de medidas cautelares, providencias precautorias y la realización de actos de investigación bajo autorización judicial, en conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, y se estipula un plazo de 60 días para que el fiscal general del estado designe al titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, marcando así un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia económica en Nuevo León.