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Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se encuentra bajo escrutinio por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la apertura de investigaciones relacionadas con supuestas malversaciones financieras dentro del ente deportivo que dirige. Informes indican que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impulsó estas investigaciones tras detectar anomalías financieras durante el mandato de la exvelocista.
El origen de las indagatorias se sitúa en presuntos malos manejos y desvíos de recursos detectados en los ejercicios fiscales de 2020 a 2023. La ASF identificó gastos no comprobados ascendentes a más de 100 millones de pesos mexicanos, debido a la ausencia de documentos justificativos como facturas o recibos que acrediten el uso adecuado de los fondos.
La ASF también descubrió pagos exorbitantes en la organización de eventos deportivos de gran calibre en estados como Baja California, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Tlaxcala, incluyendo los Juegos Nacionales y Paranacionales de la Conade, así como competencias internacionales de Taekwondo y Tiro con Arco. A su vez, se reveló la existencia de eventos ficticios y pagos injustificados a entrenadores, con cerca de 500 individuos alegadamente involucrados sin estar registrados oficialmente.
En septiembre de 2023, la ASF presentó una denuncia formal ante la FGR contra Guevara, subrayando malas prácticas administrativas con un perjuicio económico inicialmente estimado en 150 millones de pesos mexicanos. Esta suma incluye pagos a entrenadores no registrados y compras de servicios y bienes sin la debida verificación del empleo de los recursos.
A la fecha, Guevara no ha realizado declaraciones sobre las acusaciones. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que se enfrenta a críticas de esta naturaleza. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su intención de investigar una supuesta pista de atletismo “fantasma” financiada por Banorte con un costo de 15 millones de pesos, en un esfuerzo por erradicar la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de recursos públicos.
