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Durante el primer semestre del año 2023, se dio a conocer que se logró recuperar una suma significativa de un esquema de corrupción conocido como la “Estafa Siniestra”. Este monto, ascendente a 100 millones, ha sido destinado a iniciativas de carácter social, según afirmó María Esther Ramírez, la Secretaria de Hacienda en Hidalgo.
La funcionaria subrayó que estos fondos, provenientes del año 2023, están siendo canalizados hacia la universalización de apoyos para personas con discapacidad. Enfatizó que se trata de una política pública de carácter permanente, destacando que la inversión realizada es tangible y resultado de una administración eficiente, transparente y responsable de los recursos.
Ramírez señaló que se asumió un compromiso significativo con las personas discapacitadas, y los 100 millones comenzaron a distribuirse desde el año anterior, con la intención de mantener este apoyo de forma continua hasta alcanzar los objetivos planteados.
Única Recuperación Confirmada
Hasta el momento, la cifra mencionada representa el único monto recuperado derivado del esquema de corrupción Estafa Siniestra. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) es la entidad encargada de llevar a cabo las investigaciones para la recuperación de fondos públicos desviados durante la administración anterior, liderada por Omar Fayad.
En mayo de 2023, la secretaria informó sobre la devolución de los 100 millones relacionados con el caso de la Estafa Siniestra, en el cual algunos exfuncionarios de la administración anterior se vieron involucrados en el desvío o malversación de fondos públicos.
Observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)
En relación con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) a la cuenta pública, la secretaria de Hacienda afirmó que este proceso es normal, ya que es un asunto institucional al cual están obligados a dar atención y solventar.
En cuanto a la posibilidad de que su antecesora, Jessica Blancas, sea convocada debido a observaciones en la cuenta pública del 2022, Ramírez explicó que corresponde a los órganos fiscalizadores esclarecer esta cuestión. En caso de no contar con la documentación necesaria para solventar en los términos y plazos establecidos por la ley, se contempla la posibilidad de escalar a otra etapa, como la imputación de responsabilidades de acuerdo con la gravedad de la situación.
