amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
En una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal (Semoth), se llevó a cabo un segundo operativo el seis de marzo para retirar de circulación vehículos que ofrecían servicios de manera irregular en el municipio.
Durante la operación, individuos presuntamente vinculados al grupo autodenominado “Los 300” atacaron a policías estatales, desencadenando una serie de disturbios. Además, se causaron daños a patrullas y se vandalizaron las instalaciones de la delegación estatal. Como resultado de estos hechos, 15 hombres, nueve mujeres y una persona transgénero fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La mayoría de ellos, 24 en total, provenían de Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.
En cumplimiento con la Ley de Movilidad y Transporte, se trasladaron a depósitos vehiculares un total de 20 motocicletas, dos autobuses, cinco camionetas tipo Urvan, una camioneta Tahoe y un taxi. Además, se detuvieron dos personas indocumentadas, sin especificar su nacionalidad.
Las acciones se llevaron a cabo en seis puntos de revisión en las colonias Haciendas de Tizayuca, Casas Ara y Fuentes de Tizayuca. La intervención se centró principalmente en la prestación irregular de servicios, infracciones y la presencia de operadores que no cumplían con los requisitos legales.
Tanto este segundo operativo como el primero, llevado a cabo el 27 de febrero, son respuestas a eventos recientes, incluido un ataque de motociclistas a un taxista el 11 de febrero, que generó tensiones y un posterior paro de taxis y colectivas.
Este periódico reveló que el dirigente de los Mototaxis “Hormigas”, Gerardo Hernández, se desvinculó de los incidentes y expresó su disposición a regularizar el servicio brindado en los fraccionamientos Haciendas de Tizayuca, Fuentes de Tizayuca y Sadasi. Sin embargo, su paradero actual es desconocido.
Después de tres años generando actividad económica con el servicio de mototaxis, miembros del gremio expresaron de manera anónima su malestar por lo que consideran una persecución policial. Lamentaron la pérdida de empleo para más de 200 familias que dependían de alrededor de 300 motocicletas, y compararon la situación con la existencia de permisos similares en el Estado de México.
