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En una batalla fiscal de una década, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta que el conglomerado Grupo Salinas enfrenta un adeudo de 63 mil millones de pesos por concepto de actualizaciones y recargos. Este conflicto, que ha provocado tensiones sin precedentes, se centra en la aplicación de la figura de consolidación fiscal, desaparecida en 2013, y representa una lucha entre el exceso de poder y la ley.
El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, resaltó que las operaciones contables y financieras son el punto focal de la revisión fiscal, no los nombres de las empresas. Esta postura refleja la necesidad de una evaluación justa y transparente de las obligaciones tributarias, independientemente del prestigio o influencia del contribuyente.
Aunque Grupo Salinas ha pagado 4 mil 868 millones de pesos durante este sexenio, los adeudos pasados, derivados de auditorías realizadas entre 2008 y 2018, ascienden a 53 mil millones de pesos. El proceso legal se ha prolongado debido a recursos de impugnación presentados por el conglomerado, lo que ha generado una incertidumbre prolongada sobre la resolución de los casos.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, detalló la compleja ruta legal que ha seguido el conflicto fiscal. Desde el inicio de los juicios en 2014 hasta la actualidad, Grupo Salinas ha interpuesto diversos recursos para retrasar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aprovechando su estructura legal y corporativa.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, destacó las tácticas dilatorias de Grupo Salinas, que han buscado interpretaciones jurídicas a su favor y han apelado a la inconstitucionalidad de leyes fiscales. A pesar de estos esfuerzos, la autoridad fiscal ha defendido la legalidad de sus procedimientos y se espera que, tras la reciente decisión de la SCJN, los juicios lleguen a una conclusión en los próximos 120 días.
En esta batalla legal sin precedentes, Grupo Salinas se enfrenta a la inevitable perspectiva de cumplir con sus obligaciones fiscales, mientras el Estado mexicano reafirma su autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley, sin importar el poder o la influencia de los involucrados.
