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En Campeche, a pesar de tener protección judicial, 21 agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) están bajo investigación, según lo notificó la Dirección de Asuntos Internos de esa entidad. Los acusan de estar involucrados en un movimiento de protesta iniciado en marzo, lo que desencadenó en la suspensión de sus sueldos y su baja del servicio.
Además, seis policías, considerados líderes del mencionado movimiento, enfrentan denuncias por motín y sabotaje ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. La gobernadora Layda Sansores y la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, incumplen un amparo que ordena cesar cualquier acto de hostigamiento o represión contra los agentes.
Adicionalmente, 10 policías asignados al Centro de Control, Comando y Cómputo de Campeche (C-5) fueron removidos de sus cargos, perdiéndose la coordinación con los patrulleros y afectando la prestación de servicios a la comunidad. Esto se evidenció recientemente cuando el C-5 no respondió a una solicitud de información sobre un vehículo activando alarmas.
Los voceros del movimiento de protesta denunciaron la violación del amparo por parte de las autoridades estatales y demandaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para certificar estas violaciones y las condiciones precarias en las instalaciones policiales, a pesar de la asignación de fondos millonarios para su mejora.
La investigación contra los policías, a pesar de contar con protección judicial, parece ser parte de una estrategia gubernamental para desactivar el movimiento de protesta, según denuncias de los voceros del mismo. La situación ha generado preocupación por posibles actos de represión y violación de derechos humanos.
