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El proceso de auditoría ha comenzado en relación a los recursos estatales utilizados en la construcción del nuevo Hospital General de Pachuca, el Puente Atirantado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), según el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez.
La auditoría se está llevando a cabo en el puente atirantado de Pachuca, cuyo costo ascendió a más de 500 millones de pesos, enfocándose exclusivamente en los recursos estatales, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será responsable de los recursos federales.
El contralor estatal mencionó que, a diferencia de la ASF, la Contraloría estatal no se rige por periodos específicos, por lo que esta semana iniciaron la auditoría del puente atirantado y se espera que los resultados sean presentados en dos meses. Por otro lado, se contrató a un despacho especializado para llevar a cabo una auditoría en el Hospital General de Pachuca, y se espera que los resultados sean revelados a finales de este mes.
Los aspectos que se están evaluando en las auditorías incluyen la infraestructura de las obras, suministro de gases, oxígeno, drenaje, agua, entre otros. Además, el gobierno estatal contratará la finalización del tercer y cuarto piso del hospital.
La Contraloría estatal llevará a cabo procedimientos de aclaración con las empresas constructoras para brindarles la oportunidad de corregir cualquier inconformidad encontrada, en cumplimiento de las normativas correspondientes.
En relación a las obras de revestimiento del río Tula, se señala que la responsabilidad recae en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y será competencia de la ASF. Sin embargo, la Contraloría estatal participará mediante una auditoría social para inspeccionar el comité de obra y conocer las inquietudes de la ciudadanía.
Por otro lado, se ha iniciado una auditoría en el SUTSPEEH para examinar los recursos económicos utilizados durante la gestión del ex líder sindical Víctor “N”, en respuesta a la solicitud de los trabajadores afiliados. Aunque el sindicato no es una entidad pública y no está sujeto a fiscalización, se espera que los resultados de la auditoría sean presentados en un plazo de dos o tres meses, dado que existe una comisión de Honor y Justicia dentro de la organización laboral encargada de revisar el uso de los recursos económicos.
