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El gabinete de seguridad emitió una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, expresando su preocupación por la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Se advierte que esta acción representaría una amenaza para la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana, así como una grave afectación a los derechos humanos. Además, se señala el riesgo de vulnerabilidad para el personal de seguridad y la saturación del sistema judicial.
En referencia al proyecto en discusión para inhabilitar el artículo 19 constitucional, el gabinete de seguridad destaca las implicaciones negativas que tendría su aprobación. Se estima que alrededor de 68 mil personas vinculadas a procesos judiciales en México, 9 mil 353 del fuero federal y 58 mil 531 del común, podrían ser afectadas.
La preocupación se intensifica ante la corrupción detectada en el Poder Judicial, donde algunos jueces han sido señalados por favorecer a delincuentes. Se denuncia la falta de investigaciones y sanciones al respecto, y se advierte que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría empeorar esta situación y poner en riesgo la seguridad pública.
La carta, firmada por los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Gobernación, destaca la vulneración de la soberanía nacional que implicaría esta decisión. Se señala que la SCJN estaría excediendo sus funciones al interpretar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin considerar otras instituciones como el Congreso.
La secretaria de Gobernación hace un llamado a la Suprema Corte a respetar la Constitución y la división de poderes, y a considerar las graves consecuencias que tendría la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional.
Se destaca que la aprobación de este proyecto afectaría a múltiples entidades en distintos niveles, siendo el estado de México una de las más afectadas, con 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.
