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El Gobierno de la Ciudad de México dio un paso crucial al publicar el decreto que convierte en delito la corrupción inmobiliaria, con penas de hasta 30 años de prisión para los funcionarios públicos que autoricen construcciones irregulares. Martí Batres, jefe del Ejecutivo local, destacó los graves efectos de esta práctica, que incluyen desorden urbano, gentrificación y daños a infraestructuras clave, como la línea 12 del Metro.
La alcaldía Benito Juárez, epicentro de la reforma al Código Penal de la Ciudad de México debido al llamado cártel inmobiliario, ha sido testigo de 130 construcciones irregulares en tan solo un año y medio. En este caso, ex funcionarios actuaron de manera organizada, aceptando sobornos a cambio de autorizar construcciones ilegales y creando empresas falsas para otorgarse permisos de obras.
En otra controversia, residentes de la colonia Hipódromo denunciaron la instalación ilegal de un transformador en un camellón protegido, para alimentar un desarrollo inmobiliario. A pesar de la prohibición de excavaciones por la presencia de cables de alta tensión, se realizó un agujero de 4×4 metros, dañando infraestructura histórica y vital.
La activista Quetzal Castro presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, pero la investigación por el delito de daño a la propiedad doloso no prosperó. El transformador ilegal fue tapado con tablas, evidenciando la impunidad que aún prevalece en casos de corrupción inmobiliaria.
Este paso legislativo y las denuncias ciudadanas son cruciales para combatir la corrupción en el sector inmobiliario y proteger el patrimonio urbano de la Ciudad de México. Sin embargo, queda claro que la lucha contra este flagelo aún enfrenta obstáculos en el camino hacia la justicia y la transparencia.
