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Desde este martes, México ha establecido aranceles temporales que oscilan entre el 5% y el 50% a la importación de 544 categorías de productos. Esta medida tiene como objetivo aprovechar las oportunidades del nearshoring, según un decreto emitido por la Secretaría de Economía y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril.
El periodo de vigencia de esta iniciativa es de dos años. Entre los productos afectados se encuentran diversos materiales como acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, productos químicos, papel, cartón, cerámica, vidrio, material eléctrico, transporte, instrumentos musicales y muebles.
La Secretaría de Economía argumentó la necesidad de implementar estas acciones debido a la creciente adopción de modelos comerciales como el nearshoring, que busca acercar la producción a los mercados consumidores. Esto, según la dependencia, busca evitar distorsiones económicas que puedan perjudicar la relocalización de sectores estratégicos y atraer nuevas empresas con alto valor agregado.
Además, la imposición de estos aranceles busca brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores industriales nacionales que enfrentan vulnerabilidades debido a prácticas que afectan el comercio internacional. Esto se hace con el fin de fomentar el desarrollo industrial y apoyar el mercado interno.
La medida propuesta se considera acorde con el derecho internacional, permitiendo la importación preferencial de mercancías originarias de países con los que México tiene tratados comerciales.
Para evitar afectar las cadenas productivas y mantener la competitividad en sectores sensibles como el eléctrico, electrónico, automotriz y de autopartes, el gobierno federal mantendrá los beneficios arancelarios de los Programas de Promoción Sectorial aplicables a productos siderúrgicos.
Se argumenta que las industrias mexicanas necesitan un periodo de ajuste para su recuperación, especialmente tras la desaceleración económica causada por conflictos geopolíticos y comerciales entre 2018 y 2023, los cuales han impactado su competitividad y el empleo.
La Secretaría de Economía afirma que el gobierno federal tiene la responsabilidad de implementar mecanismos que generen estabilidad en la industria nacional y eliminen distorsiones en el comercio para mantener el equilibrio en el mercado global, en consonancia con el derecho internacional y los compromisos internacionales del país.
