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En una sesión marcada por la tensión, la Cámara de Diputados ha enviado al Ejecutivo una serie de modificaciones a la Ley de Amparo que plantean cambios significativos en el sistema judicial. La discusión, que duró más de siete horas, estuvo marcada por debates acalorados y descalificaciones entre los legisladores de distintas bancadas.
La reforma propuesta busca restringir la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones con efectos generales en procesos que cuestionen la constitucionalidad de normas, limitándolas únicamente a los quejosos individuales. Además, contempla la posibilidad de que el Congreso revierta la invalidez de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la consulta anticipada a dicha instancia antes de emitir un dictamen.
Los defensores de la reforma argumentan que busca evitar abusos del Poder Judicial en el uso del amparo para favorecer intereses particulares, mientras que los opositores la ven como un retroceso en materia de derechos humanos y una forma de venganza del Ejecutivo contra las decisiones de la Corte.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de las suspensiones generales, que según los críticos dejaría desprotegidos a los ciudadanos más vulnerables, quienes no tienen acceso a abogados para llevar adelante los procesos. Esta medida ha sido vista como una forma de consolidar el poder del Ejecutivo y limitar la independencia del Poder Judicial.
La sesión estuvo marcada por momentos de tensión, con acusaciones mutuas entre los legisladores. Sin embargo, la reforma fue finalmente aprobada con una estrecha mayoría de votos a favor.
A pesar de las diferencias, queda claro que esta reforma plantea un cambio significativo en el sistema judicial mexicano y sus implicaciones serán objeto de debate y escrutinio en los próximos días.
