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En América Latina y el Caribe, la brecha entre ricos y pobres es la más amplia del mundo, superando incluso a otras regiones como África subsahariana, el sudeste asiático y el norte de África y Medio Oriente. Durante las últimas dos décadas, mientras los ricos han visto aumentar sus fortunas, los pobres se han visto cada vez más cerca de la miseria.
Según datos de Oxfam, entre 2000 y 2022, el 1 por ciento más rico de la población de la región acumuló 5.85 veces más riqueza que la mitad más pobre. Esta situación ha llevado a la necesidad de plantear un impuesto global a los ultrarricos, una iniciativa liderada por el economista Gabriel Zucman a solicitud del gobierno de Brasil.
En el caso específico de México, donde residen dos de los hombres más ricos de la región, Carlos Slim y Germán Larrea, la situación es alarmante. Los 14 magnates más adinerados del país concentran el 8.18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que evidencia una disparidad económica significativa.
Mientras tanto, la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC), convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se reunió recientemente para respaldar la iniciativa de Brasil en la presidencia del G20. El objetivo es avanzar hacia un sistema tributario internacional progresivo que permita financiar medidas para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Aunque el comunicado conjunto no hizo hincapié en gravar a los ultrarricos, la PTLAC votó a favor de preparar un plan de trabajo anual que promueva la cooperación tributaria a nivel regional e internacional.
Para México, el respaldo a estas iniciativas es crucial, especialmente considerando que es el país con la menor recaudación de impuestos a la propiedad en toda la región, equivalente al 0.32 por ciento del PIB. Según Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, una reforma fiscal progresiva en el país es inaplazable.
