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Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de ambos partidos, presentaron un proyecto de ley para sancionar a buques que utilicen puertos confiscados a empresas estadounidenses. Específicamente, buscan evitar que barcos que operen en el puerto de Punta Venado en Quintana Roo puedan descargar o ser reparados en EE.UU. si México expropia el puerto.
El objetivo de esta medida es presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que desista de su plan de tomar el control de una cantera de piedra caliza y el puerto, ambos propiedad de Vulcan Materials, según informó Bloomberg. En 2022, López Obrador indicó que la cantera de Sac-Tun, subsidiaria de Vulcan, podría ser expropiada para construir un parque recreativo, mientras que la terminal marítima de Punta Venado se convertiría en una instalación privada para cruceros y transbordadores.
El año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sugirió que las más de 2,000 hectáreas de Vulcan podrían ser declaradas área natural protegida.
El lunes, otro grupo de congresistas estadounidenses envió una carta a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, pidiendo que tome medidas ante lo que consideran un maltrato del gobierno mexicano a Vulcan Materials. Recordaron que la semana pasada se cumplieron dos años desde que el gobierno mexicano cerró ilegalmente el puerto de Punta Venado.
La senadora republicana por Alabama, Katie Britt, criticó la conducta del presidente López Obrador, afirmando que amenaza las operaciones legales de Vulcan en México y pone en peligro proyectos de infraestructura en Alabama y el sureste de Estados Unidos.
El senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, también condenó las acciones del presidente mexicano, acusándolo de apropiarse ilegalmente de los activos de Vulcan Materials, que ha operado en México desde la década de 1980.
Vulcan Materials, con sede en Birmingham, Alabama, es el mayor productor de agregados de construcción en Estados Unidos y un importante productor de materiales de construcción como asfalto y concreto premezclado. Su filial Sac-Tun, fundada en Quintana Roo en 1986, ha negado devastar manglares en sus terrenos y asegura que sus operaciones cumplen con las leyes.
