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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ha sido señalado en una investigación del periódico Reforma por la presunta compra de un terreno de 17.7 hectáreas, valorado en más de 700 millones de pesos, en la exclusiva zona de Mesa de la Corona en San Pedro Garza García. La compra habría ocurrido 18 meses después de asumir el cargo. En respuesta, García negó rotundamente las acusaciones en su perfil de X, antes Twitter, desafiando a cualquiera a demostrar lo contrario y asegurando que renunciaría si las pruebas fueran ciertas.
Según Reforma, García planea construir una residencia de 2,800 metros cuadrados en el terreno. La propiedad figura a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, una empresa que comparte con su padre, Samuel García Mascorro. En su declaración patrimonial de 2023, García no reportó esta adquisición. El 28 de abril de 2023, la empresa pagó 9 millones de pesos en Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) en San Pedro, equivalente al 3% del valor catastral del terreno, lo que sugiere un valor catastral de al menos 300 millones de pesos. Expertos consideran que el valor real podría ascender a 700 millones de pesos debido a la ubicación privilegiada.
El padre de García, quien actúa como representante legal de la empresa, solicitó la autorización ambiental necesaria para la construcción de la vivienda. Esta solicitud fue aprobada en un plazo inusualmente corto de 15 días, a diferencia de los trámites habituales que pueden durar hasta 90 días, según Reforma. La empresa ha presentado una solicitud al municipio de San Pedro para comenzar la construcción, pero aún no ha recibido aprobación.
En marzo de este año, García ya había enfrentado un escándalo de presunta corrupción, acusado de triangular más de 200 millones de pesos de un proveedor del gobierno hacia un despacho jurídico del cual es socio junto a su padre. Esta nueva información surge mientras el gobernador enfrenta un juicio político por supuestas irregularidades en su administración. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó su separación inmediata del cargo, permitiendo al Congreso de Nuevo León continuar con el juicio político. El Pleno de la Corte invalidó parcialmente un artículo de la Constitución del Estado que obligaba a un servidor público a separarse del cargo al ser sometido a un juicio político.
El ministro Luis María Aguilar Morales, en su proyecto de resolución, explicó que la separación del cargo bajo estas condiciones equivaldría a una inhabilitación o destitución permanente sin una sentencia formal del jurado de sentencia. El pleno de la Corte votó unánimemente a favor de esta propuesta.
Esta investigación pone de nuevo en el centro de atención a Samuel García, cuestionando la transparencia y legalidad de sus acciones y sumando presión en un momento político delicado para el gobernador.
