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Ante la falta de sus pagos quincenales durante casi dos meses, alrededor de 800 policías de seguridad estatal en Campeche salieron a pedir dinero en las calles.
Desde el pasado 16 de marzo, estos oficiales han estado en protesta por los daños sufridos durante un operativo fallido en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Kobén, exigiendo la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez. Este conflicto se originó el 15 de marzo, cuando Muñoz Martínez ordenó la extracción de prisioneros del penal principal de Campeche, resultando en al menos 50 heridos debido a errores de los altos mandos.
La situación escaló con la toma de las instalaciones el 16 de marzo y tres marchas multitudinarias. Líderes y candidatos de la oposición también se sumaron a las protestas, criticando a la gobernadora Layda Sansores San Román por mantener a Muñoz Martínez en su cargo y pidiendo un voto de castigo contra Morena.
El pasado lunes, el exdirector de Asuntos Internos de la SPSC, Víctor Sánchez Ortiz, se enfrentó a policías inconformes en la sede alterna de la dependencia, resultando en al menos cuatro personas golpeadas, entre ellas dos mujeres y un periodista. Las mujeres heridas fueron María Candelaria Castillo Pérez, una de las policías cesadas por órdenes de Muñoz Martínez, y Guadalupe Moral López. El periodista, cuya cámara fue destruida por Sánchez Ortiz, presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado.
A raíz de estos eventos, el subsecretario Jesús Contreras Ramírez relevó a Sánchez Ortiz de su cargo. Los manifestantes recibieron un oficio del secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, informándoles sobre una reunión interinstitucional solicitada por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, los policías desconfían de Toledo Jamit y la gobernadora Sansores, ya que en una reunión previa sus representantes fueron despedidos.
José Alejandro Grajales Chab, vocero del movimiento y también cesado, mencionó que aún no han decidido si nombrarán nuevos representantes, pero responderán al oficio con pruebas de los agravios sufridos. A pesar de que alrededor de 400 policías han abandonado la protesta, más de 800 continúan en ella.
Por otro lado, el policía Joaquín Chan Ehuán denunció que fue perseguido por elementos ministeriales en una camioneta, exigiendo la entrega de la patrulla 667 bajo una orden judicial, a la que no accedió por no considerarse facultado para ello. Narró que lo siguieron hasta su domicilio, donde se refugió, y las camionetas con hombres armados llegaron exigiendo el vehículo oficial.
El 17 de abril, la SPSC intentó retirar vehículos utilizados por los manifestantes para patrullar la ciudad. El oficial Arturo Martínez Pech afirmó que se les reclamaron 400 unidades vehiculares, aunque en todo el estado solo existen menos de 100.
