amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
En medio de la polémica por la nueva sección “No lo dije yo” en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, juristas han advertido que esta iniciativa viola la Constitución y representa un intento burdo para evadir las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE). A pesar de que el presidente ha delegado la responsabilidad de hacer ciertos señalamientos a un subalterno, los juristas enfatizan que él sigue utilizando recursos públicos para promover su mensaje, lo que contraviene el artículo 134 de la Constitución Política.
La sección “No lo dije yo” ha generado controversia debido a su naturaleza elusiva hacia las medidas del INE. Si bien López Obrador no menciona directamente a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz o al proceso electoral, se argumenta que esta estrategia sigue utilizando recursos públicos para difundir su punto de vista. De acuerdo con los juristas, esto implica una responsabilidad directa del presidente, independientemente de quién realice los señalamientos en su nombre.
El artículo 134 de la Constitución Política establece que los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, deben utilizar los recursos asignados de manera imparcial, eficiente y equitativa. La intención detrás de esta disposición es garantizar la equidad en el uso de los recursos públicos y evitar que se utilicen para favorecer intereses particulares.
Algunos juristas consideran que esta nueva sección en la conferencia mañanera podría ser interpretada como una forma de evadir las restricciones impuestas por el INE y mantener una plataforma para transmitir su mensaje político sin infringir directamente las medidas cautelares. Sin embargo, advierten que esto no exime al presidente de su responsabilidad constitucional de no utilizar recursos públicos para fines partidistas o electorales.
La controversia generada por esta sección ha llevado a que expertos en derecho constitucional exhorten a la autoridad electoral a evaluar la situación y tomar las acciones necesarias para garantizar que se cumplan las disposiciones legales y se respeten los principios democráticos en el proceso electoral en curso. El debate sobre el alcance de la libertad de expresión del presidente en el contexto de su cargo y las restricciones impuestas por el INE continúa, mientras se espera que la situación sea revisada a fondo para determinar si se está vulnerando la Constitución Política de México.
