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En un clima de creciente tensión, Morena ha acusado al Instituto Nacional Electoral (INE) de inacción frente a la violencia que afecta el proceso electoral en diversas regiones del país. Según el partido oficialista, la falta de respuesta efectiva del INE está poniendo en riesgo la integridad de los comicios y la seguridad de los candidatos y ciudadanos.
Morena ha señalado que la violencia no solo amenaza la integridad física de los participantes, sino que también socava el estado de derecho y la confianza en el proceso democrático. El partido ha instado al INE a actuar con mayor diligencia y a coordinarse estrechamente con las autoridades de seguridad para garantizar unas elecciones seguras y libres de intimidación.
El INE, por su parte, ha argumentado que no tiene atribuciones directas en materia de seguridad pública, y ha delegado la responsabilidad de implementar medidas de seguridad a las autoridades competentes. En su defensa, el INE ha destacado que participa en mesas de coordinación con el gabinete de seguridad, realizando diagnósticos de riesgos en colaboración con otras entidades gubernamentales.
La crítica de Morena llega en un contexto de alta violencia electoral, donde varios candidatos y militantes han sido víctimas de ataques y amenazas. La situación ha generado un clima de incertidumbre y temor, que podría afectar la participación ciudadana y la legitimidad de los resultados electorales.
El proyecto de acuerdo del INE, que se discutirá próximamente, establece que se dará vista a la mesa de coordinación con el gabinete de seguridad, con el objetivo de que las autoridades en la materia determinen las medidas conducentes en las zonas de riesgo. Esta medida, sin embargo, ha sido considerada insuficiente por varios actores políticos y sociales, quienes exigen acciones más concretas y efectivas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido disposiciones y consideraciones, subrayando la necesidad de que el INE prevenga escenarios de riesgo y actúe con la máxima diligencia para evitar la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral. A pesar de estas directrices, la percepción general es que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los comicios.
La tensión entre Morena y el INE refleja un conflicto más amplio sobre la capacidad del Estado para garantizar unas elecciones limpias y seguras en un contexto de creciente violencia y criminalidad. La exigencia de una respuesta inmediata y contundente para mitigar las amenazas a la integridad electoral es una demanda que resuena cada vez más fuerte entre la ciudadanía y los actores políticos.
