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En un nuevo escándalo que pone en entredicho la actuación del gobierno de AMLO, se ha revelado que el Ejército Mexicano ejecutó a 400 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y desapareció sus cuerpos con la ayuda de grupos locales. Esta revelación ha generado una ola de indignación y críticas hacia la administración de Morena.
Según un informe de International Crisis Group, el Ejército llevó a cabo estas ejecuciones extrajudiciales como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la desaparición de los cuerpos ha planteado serios cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de las operaciones militares en México.
Organizaciones de derechos humanos han condenado enérgicamente estas acciones, argumentando que representan una grave violación a los derechos fundamentales y el debido proceso. La participación de grupos locales en la desaparición de los cuerpos solo añade una capa de complicidad y encubrimiento que socava aún más la credibilidad del gobierno.
El presidente López Obrador ha defendido las acciones del Ejército, afirmando que la lucha contra el CJNG es una prioridad para su administración. No obstante, los críticos sostienen que estas tácticas brutales son inaceptables y reflejan una falta de control y supervisión sobre las fuerzas armadas.
La revelación de estas ejecuciones también pone de manifiesto la escalada de violencia y la intensificación del conflicto entre el Estado y los cárteles de la droga. La estrategia de mano dura adoptada por el gobierno ha sido objeto de controversia, con muchos argumentando que solo ha contribuido a un ciclo de violencia sin fin.
El informe de International Crisis Group ha llamado la atención de la comunidad internacional, que observa con preocupación el deterioro de los derechos humanos en México. La presión sobre el gobierno de AMLO para investigar y sancionar a los responsables será crucial para restaurar la confianza en las instituciones mexicanas.
Mientras tanto, las familias de los ejecutados y desaparecidos exigen justicia y transparencia. La demanda de respuestas y la rendición de cuentas sigue creciendo, y el gobierno de AMLO enfrenta una creciente presión para abordar esta grave situación de manera adecuada y conforme a la ley.
Este escándalo es un duro golpe para la imagen del gobierno de López Obrador y plantea serias dudas sobre la efectividad y moralidad de su estrategia de seguridad. La comunidad nacional e internacional espera con ansias ver cómo responderá el gobierno ante estas graves acusaciones y qué medidas se tomarán para garantizar que tales atrocidades no se repitan.
