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La LXV Legislatura del estado está en búsqueda de declarar el año entrante como el “Año de la Batalla Contra la Corrupción en Hidalgo”.
Durante una sesión en la que se destacó la importancia de esta iniciativa, el diputado Fortunato González Islas enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia constante y la participación de todos para fortalecer el tejido estatal, reconociendo que el combate a la corrupción es una tarea colectiva.
Este impulso legislativo encuentra su justificación en los últimos cinco años, en los cuales la población de Hidalgo ha sido testigo de dos momentos cruciales en la lucha contra la corrupción: la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en 2018 y el inicio de la administración estatal liderada por Julio Menchaca en 2022.
A nivel local, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 establece el “Acuerdo por la Transparencia y Rendición de Cuentas”, enfatizando el derecho de acceso a la información gubernamental para la ciudadanía y el compromiso del gobierno en eliminar la corrupción en todos los ámbitos de su gestión.
En este contexto, el indicador 1.4 de Transparencia y Rendición de Cuentas tiene como objetivo primordial prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción que ha perjudicado a la población.
En el ámbito federal, se destaca el esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos, lo cual ha permitido brindar justicia y apoyo a grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo del país.
Los beneficios derivados de la lucha contra la corrupción son diversos e incluyen la atracción de talento idóneo, el aumento de la productividad, la confianza de los inversionistas, el ahorro de recursos públicos que suelen ser desviados por actos de corrupción, la construcción de obras públicas de calidad y la prevención del tráfico de influencias.
Además, se resalta que el combate a la corrupción fortalece la relación de confianza entre ciudadanos y estado, lo que fomenta una mayor participación ciudadana en el desarrollo del país y estimula el pago de impuestos al garantizar a los contribuyentes que sus recursos se utilizan de manera adecuada.
Mediante la implementación de una política de austeridad republicana, se avanza hacia una mayor transparencia en la toma de decisiones gubernamentales, asegurando justificación y, en casos de negligencia o dolo, aplicación de sanciones correspondientes, lo cual contribuirá a consolidar una democracia participativa en la que la sociedad tenga un papel activo en las decisiones nacionales.
