amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
En un giro legal sorpresivo, la comunidad de Pueblo Nuevo ha asegurado un amparo que ha detenido las obras en 1.2 kilómetros del tramo carretero Real del Monte-entronque Huasca, planteando incertidumbre sobre su fecha de inauguración, inicialmente programada para agosto, según lo anunciado por AMLO.
Los habitantes de la ranchería de Pueblo Nuevo, respaldados por un amparo otorgado, han frenado las obras en el tramo carretero Real del Monte-entronque Huasca que atraviesa su comunidad. Este amparo se debe a la exigencia de una indemnización de alrededor de 16 millones de pesos para 56 familias que poseen títulos de tierras comunales emitidos en un decreto de 1924. Entre los afectados se encuentra la familia de Pascual López Ramírez, quien junto con el representante legal Julio Gálvez, ofreció una conferencia de prensa en Pachuca para abordar este tema.
El conflicto legal de Pueblo Nuevo señala a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a las secretarías de Obras Públicas y Finanzas durante la gestión del exgobernador Omar Fayad, por haber realizado un pago de 12 millones de pesos a favor de un particular que presentó un título de propiedad apócrifo, emitido después del decreto de 1924.
Julio Gálvez ha cuestionado la posibilidad de que la construcción de la carretera finalice en agosto, tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita de supervisión el pasado 3 de mayo. El abogado ha señalado que inaugurar una obra inconclusa no sería factible.
Además, Pascual López Ramírez ha destacado que el director de Ecología de Mineral del Monte, José López Arriaga, permitió que la empresa a cargo de la obra, Compañía Contratista Nacional S.A.P.I. (Coconal), enterrara alrededor de 400 árboles con material de desecho de la construcción.
A pesar de la situación, el abogado mencionó que los residentes de Pueblo Nuevo no se oponen a la construcción de la carretera, pero insisten en que las autoridades estatales indemnicen a los legítimos propietarios de las tierras comunales para que puedan reinvertir el dinero en beneficio del bosque.
La lucha por la indemnización ha sacado a la luz el problema del despojo de tierras en la región. El 20 de marzo de 2024, el juez tercero de distrito del estado de Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, otorgó el amparo indirecto 321/2024-II-A a favor de la Sociedad Real Zumate, que representa a las familias afectadas de Pueblo Nuevo, presidida por Pascual López Ramírez.
Julio Gálvez explicó que la Secretaría de Obras Públicas durante la administración de Fayad indemnizó con los 12 millones de pesos a una persona identificada como Román Vega Cerón, quien presentó un título registrado a nombre de Evangelina Pérez Abreu, obtenido bajo un proceso de jurisdicción voluntaria, lo que implica que “se apropió voluntariamente del terreno”.
Se ha revelado que en la región existen varios títulos obtenidos bajo jurisdicción voluntaria, beneficiando a políticos y empresarios. Sin embargo, la ranchería de Pueblo Nuevo permanece bajo un régimen comunal debido a la falta de un reparto de tierras, manteniéndose en un régimen intermedio hasta que se resuelva esta situación.
En resumen, de los 9.4 kilómetros que comprende la carretera Real del Monte-entronque Huasca, 1.2 atraviesan Pueblo Nuevo, donde las obras se encuentran detenidas debido al amparo obtenido por la ranchería. Sin embargo, Julio Gálvez ha señalado que las autoridades gubernamentales podrían impugnar el amparo para reanudar la construcción, lo cual sería visto como una violación a los derechos de toda la comunidad.
