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Emilio Lozoya admitió ante la Fiscalía de la Ciudad de México que mintió en su declaración contra 16 exfuncionarios públicos y Lourdes Mendoza para obtener un criterio de oportunidad. Esta confesión revela que no solo engañó a la Fiscalía General de la República (FGR), sino también al presidente López Obrador y a todo el país. La denuncia de Lozoya, originalmente presentada en agosto de 2020, fue utilizada para intentar evadir la cárcel mediante acuerdos legales, pero ahora se ha retractado de sus acusaciones.
Lozoya ha admitido que su denuncia fue una táctica para evitar la prisión, lo cual desmiente la validez de sus declaraciones y señala que no tienen efecto jurídico. Este reconocimiento ha generado indignación, especialmente entre aquellos a quienes Lozoya había acusado falsamente. La confesión subraya la manipulación y el uso indebido del sistema judicial por parte de Lozoya, y plantea preguntas sobre las acciones futuras de la FGR y del presidente AMLO.
Esta situación también plantea interrogantes sobre la respuesta de la fiscalía y las posibles demandas por daños causados por las falsas acusaciones de Lozoya. La retractación de Lozoya pone en evidencia las deficiencias y manipulaciones dentro del sistema judicial, destacando la necesidad de reformas para evitar futuros abusos de poder y proteger la integridad de las instituciones legales en México.
