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El Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha denunciado que en Chiapas se está deteriorando el tejido social, supuestamente auspiciado por acciones del gobierno estatal y federal. Según el EPR, se están utilizando bandas criminales para encubrir violaciones a los derechos humanos, corromper a los jóvenes con drogas y justificar la instalación de nuevas bases militares represivas.
En su publicación más reciente en El Insurgente, número 237, el EPR sostiene que Chiapas enfrenta una grave descomposición social, donde la pobreza está llevando a una creciente lumpenización y degradación de la clase trabajadora. Según ellos, esto ha llevado a un aumento de la violencia en municipios como Berriozábal, Ocozocuautla, Jiquipilas, Carranza, La Concordia y Ocosingo, donde los paramilitares están sembrando terror y desestabilización.
El grupo insurgente también reporta desplazamientos forzados, asaltos, extorsiones y cobros de piso, lo que ha llevado a algunos pueblos como Nicolás Ruiz en Carranza a organizarse contra estos grupos desestabilizadores mediante bloqueos.
En la región selvática de Chiapas, particularmente en Ocosingo, el EPR acusa al Estado de promover la descomposición social a través del tráfico de drogas, victimizando a la juventud y forzándola a unirse a estos grupos criminales.
Según sus datos, en Chiapas hay actualmente una fuerza operativa de 27,391 elementos, incluyendo personal de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, con un aumento significativo desde la administración de López Obrador, que ha desplegado 23,821 elementos adicionales.
Estas fuerzas, denominadas como “represivas”, suman un total de 58,656 hombres, incluyendo la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según el EPR, las recientes bases de operaciones interinstitucionales responden a una estrategia similar a las antiguas Bases de Operaciones Mixtas (BOM), criticadas en el pasado por sus tácticas contrainsurgentes y falta de beneficio para la población.
El EPR responsabiliza al gobernador Rutilio Escandón de liderar esta campaña “antipopular”, asegurando que las tropas desplegadas en Chiapas están protegiendo intereses económicos alineados con la administración estatal y federal, intimidando a la población con tácticas de terror.
