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Un juez federal ha otorgado una suspensión definitiva a favor del exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, lo que paraliza de forma indefinida uno de los dos procesos en su contra relacionados con el caso Ayotzinapa.
Según los registros judiciales, el juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal, Antonio González García, ha frenado temporalmente el proceso basado en la acusación de la FGR por su supuesta responsabilidad en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
Esto se debe a que se está a la espera de una resolución sobre una solicitud presentada por la defensa, la cual busca que el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapi, permita que los abogados obtengan documentos que serían utilizados como evidencia en el proceso.
Sin embargo, en una audiencia realizada el pasado 24 y 25 de marzo, el mencionado juez negó la petición, lo que llevó al equipo legal, liderado por Javier López García, a presentar un amparo, el cual fue admitido y se concedió la suspensión definitiva.
Actualmente, el asunto debe ser revisado por el Tribunal, pero mientras eso ocurre, el proceso contra Jesús Murillo Karam, quien fue señalado como el autor de la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los normalistas, no puede avanzar y, por lo tanto, la audiencia intermedia, programada para septiembre próximo, no puede llevarse a cabo.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 por elementos de la FGR y la Secretaría de Marina frente a su residencia en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Posteriormente, fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva en el Reclusorio Norte, donde ha permanecido desde el 24 de ese mes a pesar de sus frecuentes problemas de salud.
Hasta ahora, es el exfuncionario de más alto nivel del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en ser detenido por la desaparición de los jóvenes y la Fiscalía solicita una sentencia de 82 años de prisión en su contra.
Además de esta acusación, en abril pasado fue vinculado por segunda vez, ahora por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, todos ellos relacionados con el caso Ayotzinapa, en particular por supuestamente permitir la tortura y desaparición forzada de Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, quien originalmente fue señalado como miembro de Guerreros Unidos, grupo al que se le atribuyó la desaparición de los normalistas, pero que ahora está absuelto.
