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El Gobierno de México se encuentra decidido a llevar su demanda contra diversos fabricantes de armas estadounidenses hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que, en caso de que la sentencia de apelación, que se conocerá en unos meses, no sea favorable al país, recurrirán a la máxima instancia judicial estadounidense.
Aunque la Corte Suprema no está obligada a aceptar el caso, existe la posibilidad de que una probable violación de las fabricantes de armas a la prohibición de comerciar con ametralladoras pueda ayudar a que la demanda de México prospere. Celorio mencionó que esta opción es un tanto compleja, ya que la Corte Suprema decidirá si toma el estudio del caso o no.
Durante la audiencia oral de apelación, los jueces mostraron interés en las excepciones de la llamada ‘ley de inmunidad’, que ha protegido hasta ahora a las fabricantes de armas. Entre estas excepciones se destaca la posible violación de la prohibición de comerciar con ametralladoras, lo que podría tener un nexo causal con la violencia armada en México.
En agosto de 2021, México presentó una demanda contra siete empresas manufactureras de armas, entre ellas Smith & Wesson, y una comercializadora, argumentando prácticas comerciales negligentes y descuidadas que han causado daños a la población mexicana.
El juicio culminó el 30 de septiembre de 2022, con la Corte de Distrito de Massachusetts desestimando la demanda bajo el amparo de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), otorgando inmunidad a las empresas demandadas, incluso por daños causados en territorio mexicano.
México presentó un escrito de apelación en marzo de 2023, argumentando que la lectura amplia de la PLCAA fue un error, solicitando que no se aplique la ‘ley de inmunidad’ a las empresas de armas demandadas por daños a personas mexicanas en territorio mexicano.
Además del proceso en EE. UU., el Gobierno de México también tiene un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una “opinión consultiva” sobre el impacto del comercio negligente de armas en los derechos humanos. Aunque esta opinión no es vinculante, busca resaltar la importancia del comercio responsable de armas para evitar violaciones a los derechos humanos.
El litigio ha recibido apoyo de fiscales estadounidenses, víctimas, activistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y diversos estados. Aunque la demanda no puede revertir las pérdidas humanas, se espera que pueda llevar a las empresas a modificar sus prácticas comerciales y contribuir a reducir la violencia armada en México.
