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El 26 de agosto de 2024, se informó sobre el recorte presupuestal propuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) por legisladores de Morena. Este ajuste ha generado una fuerte reacción por parte de diversos sectores que consideran la medida como un intento de debilitar al organismo electoral autónomo.
Según especialistas, este recorte podría limitar la capacidad del INE para organizar futuras elecciones de manera eficiente y transparente. La oposición acusa al partido Morena de buscar controlar el proceso electoral y socavar la democracia en México.
La administración de AMLO defiende la reducción presupuestal, argumentando que es parte de un esfuerzo más amplio para reducir gastos gubernamentales. Sin embargo, críticos señalan que este recorte se centra en un organismo clave para la transparencia y la legalidad electoral, lo que podría poner en riesgo la integridad de los procesos democráticos.
Los partidos de oposición han anunciado que impugnarán esta decisión en las instancias legales correspondientes, advirtiendo que la medida es un ataque directo a la autonomía del INE y a la democracia del país. La discusión sigue abierta y podría derivar en un conflicto político mayor.
El debate sobre el financiamiento del INE se ha convertido en un tema central en la agenda política, con implicaciones importantes para el futuro de las elecciones en México. La comunidad internacional también ha expresado preocupación por la situación, instando a las autoridades mexicanas a garantizar la independencia de las instituciones democráticas.
