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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la petición de la ministra Lenia Batres para reactivar labores en el Poder Judicial, suspendidas debido a las manifestaciones contra la reforma promovida por el presidente López Obrador. El 30 de agosto de 2024, Batres propuso tomar medidas para asegurar el acceso a la justicia, destacando la urgencia de resolver más de 440 mil casos pendientes. Sin embargo, la mayoría de los ministros rechazaron su solicitud, dejando en evidencia la falta de consenso interno en la Corte sobre cómo manejar la situación.
Batres argumentó que la inacción de la SCJN perjudica gravemente el derecho de los ciudadanos a una justicia expedita y accesible. Criticó que solo se estén atendiendo casos considerados urgentes, mientras que la gran mayoría de los juicios federales siguen paralizados. Además, cuestionó el papel de la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales (ANFJ), que, según ella, ha excedido sus competencias al apoyar la huelga de trabajadores.
La ministra subrayó que la falta de acción por parte de la SCJN no solo afecta a los ciudadanos, sino también a la percepción pública sobre la independencia y eficacia del Poder Judicial. Aunque algunos ministros argumentaron que tomar medidas más contundentes podría interpretarse como una interferencia en los derechos laborales, Batres insistió en que la función principal de la Corte es garantizar el acceso a la justicia.
Las protestas, originadas por la reforma que reduce el presupuesto del Poder Judicial, han mantenido paralizadas las actividades en numerosos juzgados y tribunales. Batres manifestó que, sin una intervención adecuada, el rezago en la impartición de justicia podría agravarse, afectando a miles de mexicanos. También lamentó que la Corte no haya aprovechado esta oportunidad para reafirmar su papel como garante de los derechos fundamentales.
En respuesta a la decisión del Pleno, algunos grupos civiles han expresado su decepción y han llamado a los ministros a reconsiderar su postura. A medida que la crisis continúa, se intensifican las críticas sobre la postura de la SCJN y su aparente alineación con los intereses del gobierno federal. La falta de una resolución clara refleja la complejidad de equilibrar derechos laborales con la obligación de asegurar la operatividad del sistema judicial.
La situación en el Poder Judicial sigue siendo incierta, con una creciente presión sobre la SCJN para encontrar una solución que permita la reanudación de las actividades judiciales sin socavar los derechos de los trabajadores. En tanto, la ministra Batres y otros críticos seguirán abogando por medidas más enérgicas para restaurar el acceso a la justicia en todo el país.
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