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La Suprema Corte de Justicia de México lanzó una propuesta bombástica este domingo, titulada “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”. Esto ocurre justo cuando el Senado empieza a discutir la reforma al Poder Judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido.
El anuncio vino de Norma Lucía Piña, la ministra presidenta del Poder Judicial. Aunque no lo mencionó directamente, Piña cuestionó la reforma que está en discusión en el Congreso y que ya cuenta con el respaldo de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados. Esta reforma propone, entre otras cosas, que los cargos de jueces y magistrados se elijan mediante votación popular.
“La demolición del Poder Judicial no es la solución que se busca,” afirmó Piña en un video difundido en internet. “Si realmente tenemos el coraje y la voluntad, hoy podríamos empezar a hacer los cambios profundos necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.”
Piña también subrayó: “No podemos definir nuestra historia con la narrativa sencilla de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes piensan así no conocen México.”
En contraste con la propuesta del presidente, la nueva propuesta de la Suprema Corte no incluye la elección popular para los cargos judiciales. En lugar de ello, sugiere estandarizar las reglas para la carrera judicial en todo el país. El documento, que incluye 66 propuestas de reforma, busca mejorar la ética y legitimidad judicial, fortalecer los poderes judiciales locales, la seguridad pública, la investigación criminal, y la atención a víctimas de delitos, entre otros aspectos.
La Suprema Corte propone una Ley Nacional de Carrera Judicial que unifique las reglas y procedimientos para acceder y promoverse en el poder judicial, incluyendo la designación de magistrados. Este proceso debería ser manejado por órganos independientes, como los Consejos de la Judicatura Estatales, en colaboración con expertos de la academia y la sociedad civil, para garantizar la legitimidad y profesionalismo del sistema judicial.
Esta propuesta llega en un momento crítico, ya que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, presididas por las senadoras oficialistas Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, han comenzado a revisar el proyecto de reforma impulsado por López Obrador. La discusión también surge después de semanas de protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial y organizaciones civiles preocupadas por el posible riesgo a la independencia judicial que representa el proyecto de López Obrador.
