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A tan solo unos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender el polémico decreto que permite la regularización de vehículos usados importados, conocidos como “autos chocolate”, hasta septiembre de 2026. Esta medida ha sido recibida con escepticismo y rechazo por la industria automotriz, que la califica de perjudicial para el sector.
Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), criticó la extensión, señalando que es una acción que invade el mandato de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Además, enfatizó que este decreto ha incrementado en un 52.7% el ingreso de vehículos usados durante la actual administración, afectando directamente a la industria automotriz nacional.
La Secretaría de Hacienda publicó la extensión del decreto, justificando la medida con el argumento de proteger el patrimonio familiar y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la AMDA advirtió que esta regularización sin mecanismos de control fomenta el contrabando y beneficia al crimen organizado, involucrado en el proceso de ingreso y venta ilegal de vehículos.
Por su parte, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, apoyó la decisión del gobierno, destacando su importancia para el desarrollo de las regiones fronterizas del país.
