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El cuerpo decapitado de Alejandro Arcos, alcalde recién electo de Chilpancingo, fue hallado este fin de semana, sumando un nuevo episodio trágico a la larga lista de violencia en Guerrero. Su cabeza fue encontrada encima de un coche y su cuerpo en el asiento del copiloto. Arcos, de 43 años, llevaba tan solo seis días en el cargo, enfocado en atender los estragos causados por el huracán John.
Este crimen sacudió a la comunidad local, que ya venía de lidiar con la muerte de dos de sus asesores semanas antes. Arcos había interpretado esos asesinatos como una “advertencia” para aquellos que se atreven a enfrentar al crimen organizado.
En medio de este caos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también recién asumida en el cargo, aseguró el lunes que las autoridades están investigando el crimen y que este martes se dará a conocer un plan de seguridad para hacer frente a la creciente violencia.
Violencia en aumento.
Mientras México enfrenta una transición de poder tanto a nivel nacional como local, los episodios de violencia se multiplican. A los hechos en Guerrero, se suma la reciente muerte de seis migrantes que escapaban de un retén militar en el sur del país, así como una guerra abierta en Culiacán entre facciones del Cártel de Sinaloa.
El asesinato de Arcos ha encendido alarmas en Chilpancingo, una ciudad de 200 mil habitantes, que había votado en las últimas elecciones en contra del oficialismo, en protesta por la ola de violencia que arrasaba la zona. Arcos, candidato del PRI, había logrado arrebatarle el poder a Morena, gracias a que los ciudadanos rechazaron a la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, quien fue señalada de tener nexos con el cártel Los Ardillos (acusación que ella niega).
Con un firme plan de acción, el nuevo alcalde había anunciado un programa de seguridad bajo el nombre de “Blindaje Chilpancingo”, que incluía la contratación de más policías, adquisición de nuevas patrullas y la mejora de los sistemas de denuncia. En su discurso inaugural, prometió que el 90% del municipio tendría alumbrado público, buscando devolverle la seguridad a los habitantes.
Un estado bajo fuego.
Guerrero, un estado que alguna vez fue bastión de guerrillas y campesinos en los años 70, ha sido el escenario de constantes enfrentamientos entre los cárteles desde los años 90. Actualmente, diversas organizaciones delictivas como los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, los Rojos, los Ardillos y Guerreros Unidos luchan por el control de las zonas más importantes. Este último grupo ha sido vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ya 10 años.
La violencia en México sigue afectando gravemente a los políticos locales. Cada cambio de gobierno o caída de un capo trae consigo una oleada de asesinatos, en un intento de reorganizar el poder. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 alcaldes y 70 diputados municipales fueron asesinados, y solo en la campaña electoral pasada, 37 candidatos a puestos locales fueron víctimas de homicidio, 12 de ellos en Guerrero.
Este lunes, la presidenta Sheinbaum reafirmó su compromiso con la seguridad y adelantó que su estrategia incluirá mejoras en la recolección de datos y una mayor coordinación entre fiscalías y policías. Además, mencionó que los estados más violentos, como Guerrero, recibirán especial atención. La mandataria también dejó claro que mantendrá el uso de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad, como se hacía en el gobierno anterior.
Con menos de una semana en el poder, Sheinbaum ya tiene frente a ella una crisis de violencia que marcará los primeros pasos de su administración.
