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Comunidades indígenas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo han solicitado una declaratoria de emergencia debido al impacto negativo del Tren Maya, denunciando daños ambientales y sociales. Afirman que la obra ha provocado deforestación, desplazamiento de pobladores y amenazas a más de 7,000 sitios arqueológicos en la región.
Los líderes locales acusan al gobierno de imponer el proyecto sin una consulta adecuada, argumentando que las audiencias públicas han sido meramente simbólicas. Organizaciones civiles también han logrado frenar algunas obras con amparos, señalando irregularidades en los estudios de impacto ambiental.
El uso de las Fuerzas Armadas en la construcción ha despertado preocupación, ya que se percibe como una medida de intimidación hacia las comunidades que se oponen. Expertos advierten que el proyecto podría ocasionar una reordenación territorial que desplazaría a pobladores locales en favor de inversionistas y turistas.
Aunque el gobierno de López Obrador sostiene que el Tren Maya traerá desarrollo y reducirá la pobreza en el sureste, los críticos argumentan que esto se hace a costa de la sostenibilidad y la preservación cultural.
