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Empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) pidieron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que les permita participar en el Diálogo Anual de Alto Nivel de Empresas de Estados Unidos y México, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre, y contará con la presencia del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Los trabajadores consideran crucial que los empresarios conozcan su perspectiva sobre la Reforma al Poder Judicial, ya que, según argumentan, afectará negativamente a los inversionistas y las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.
Unos cien trabajadores inconformes acudieron a la sede del CCE en Polanco, entregando un documento en el que expresan su preocupación por la reforma constitucional aprobada el pasado 15 de septiembre. Señalan que la modificación pone en riesgo la imparcialidad y la independencia judicial, ya que busca eliminar a la totalidad de los ministros, magistrados y jueces actuales para reemplazarlos por personas elegidas mediante voto popular en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027, excluyendo a los profesionales de carrera judicial.
El documento detalla que la reforma también plantea la destitución de mil 688 jueces, magistrados y ministros, además de reducir o eliminar los requisitos tradicionales para los nuevos jueces, como los años de experiencia y la formación especializada. Esta medida, según los trabajadores, comprometerá la calidad de la justicia en temas complejos, como asuntos administrativos, mercantiles y de competencia económica, que son relevantes para las empresas.
Otra preocupación expuesta en la carta es la decisión de asignar los cargos judiciales a través de un sorteo, lo cual consideran un riesgo para la eficiencia y la profesionalidad del sistema judicial. Los empleados del PJF advierten que este cambio podría debilitar la capacidad del Poder Judicial para garantizar la legalidad en el país, lo que a su vez afectaría la confianza de los inversionistas.
Los trabajadores reiteraron la necesidad de que el sector empresarial esté al tanto de estos cambios y sus posibles consecuencias, argumentando que la reforma podría alterar significativamente el entorno de negocios en México.
